* La presidenta Alicia Guerrera beneficia a empresas foráneas quienes acaparan los recursos y la derrama económica se va del municipio
Ayotoxco de Guerrero, Pue.- La administración municipal que encabeza Alicia Guerrero Hernández ha sido señalada por habitantes de diversas comunidades por lo que consideran una gestión de obra pública precaria, centralizada y ajena a las necesidades más apremiantes del municipio. A casi dos años de haber asumido el cargo, la percepción generalizada entre los ciudadanos es que el rezago social sigue intacto, mientras los pocos recursos ejercidos parecen concentrarse en una sola localidad: San Antonio Metzonapa, lugar de origen de la edil.
Este diario pudo constatar que, si bien se han anunciado y ejecutado algunos trabajos —como la pavimentación hidráulica en la Colonia El Paraiso en San Antonio Metzónapa, con tramos que abarcan apenas 127.50 metros lineales—, estas acciones resultan insuficientes para atender las demandas históricas de un municipio que arrastra carencias en materia de infraestructura vial, servicios básicos y desarrollo comunitario. La obra en cuestión, financiada con recursos del Ramo 33 y ejecutada por una empresa foránea, fue inaugurada por la propia Guerrero Hernández.
Para los habitantes de otras comunidades, mientras San Antonio Metzonapa recibe atención, el resto de Ayotoxco permanece en el olvido. “No vemos obras por ningún lado. Las calles siguen destruidas, los caminos saca cosechas son un desastre y los servicios apenas si llegan. Parece que solo hay presupuesto para donde vive la presidenta”, expresó un vecino de la cabecera municipal, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.
La molestia no es exclusiva de las comunidades marginadas. Un sector que ha alzado la voz con particular fuerza es el de los trabajadores de la construcción, materialistas y proveedores locales, quienes acusan que la obra pública municipal ha sido sistemáticamente entregada a empresas y contratistas de otros municipios, dejando fuera a la mano de obra y a los insumos locales. Esta práctica, señalan, no solo rompe con el principio de derrama económica comunitaria, sino que despoja a las familias de Ayotoxco de los ingresos que deberían generar los proyectos ejecutados con dinero público.
La tensión estalló hace unos días, cuando trabajadores locales y vecinos de San Antonio Metzonapa suspendieron los trabajos de pavimentación en la calle principal que conecta con Nanacatepec. La obra, que apenas representa 100 metros de pavimento, había sido adjudicada a una empresa externa, lo que desató la inconformidad. La protesta se mantuvo durante un par de días, hasta que la presión social obligó a la presidenta municipal a reaccionar.
No obstante, la forma en que Guerrero Hernández acudió al diálogo generó aún más suspicacia. Fue hasta la tarde de ayer jueves cuando la edil se presentó en la comunidad, custodiada por dos patrullas y policías armados con metralletas. Lejos de un gesto de apertura, el despliegue fue interpretado por los vecinos como una demostración de fuerza innecesaria ante una demanda legítima de transparencia y equidad en la contratación de obra.
Fueron finalmente los propios vecinos quienes, mediante la presión y el diálogo directo, lograron que se iniciaran los trabajos de pavimentación, aunque con la obra ya reducida a su mínima expresión: apenas 100 metros de concreto hidráulico que, si bien representan una mejora para la comunidad, resultan una respuesta insuficiente ante la magnitud del abandono que enfrenta el municipio en su conjunto.
El caso de Ayotoxco refleja una problemática recurrente en la política municipal: la tentación de gobernar para la propia comunidad o para los intereses afines, en contraste con el resto del territorio. Mientras San Antonio Metzonapa concentra la atención, las demás localidades —Nanacatepec, La Unión, Rancho Nuevo, por mencionar solo algunas— siguen esperando obras que reviertan el rezago social, la falta de pavimentación, el deterioro de los caminos y la carencia de espacios públicos dignos y que la presidenta tenga hasta hoy el criterio para asignar los escasos recursos del Ramo 33 sin voltear a ver la necesidad real de las comunidades.
